Esta iniciativa, que cuenta con el patrocinio de ABM Rexel y Ambilamp, pretende ofrecer una garantía de calidad y profesionalidad a los clientes de las empresas instaladoras.
El pasado 24 de mayo FENIE (Federación Nacional de Empresarios de Instalaciones Eléctricas y Telecomunicaciones de España) y ASIECAN (Asociación de Instaladores Eléctricos y de Telecomunicaciones de Cantabria) presentaron en Santander la Certificación Voluntaria para las Empresas Instaladoras que tiene como primer objetivo ofrecer una garantía de calidad y profesionalidad a los clientes de las empresas instaladoras. Cantabria es la segunda provincia que pone en marcha el proyecto, después de Sevilla, que fue pionera en la iniciativa y que lo presentó el pasado mes de febrero, tal como ha informado FENIE.
En el acto intervinieron Fernando Rodríguez Puertas, director general de Innovación e Industria de la Consejería de Innovación, Industria, Turismo y Comercio del Gobierno de Cantabria; Pedro Nalda, director gerente de CEOE-CEPYME Cantabria; y el director de la Delegación de Cantabria de la Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR). También participaron en esta presentación los presidentes de ASIECAN y FENIE, José Tresgallo y Francisco Paramio, respectivamente (en la imagen).
La iniciativa, que cuenta con el patrocinio de las firmas ABM Rexel y Ambilamp, ofrece a las pymes instaladoras la posibilidad de participar en un sistema valorado y de prestigio en todo el territorio nacional, que su empresa sea reconocida como una compañía legal, cualificada y de garantías, y ostentar también una imagen de marca fácilmente identificable y reconocible tanto por consumidores y clientes como por administradores de fincas, promotoras, constructores, etc.
Todo ello será acreditado mediante un certificado y un carné, que asegurarán al usuario el cumplimiento de las garantías y los requerimientos para el ejercicio como empresa instaladora, tras un proceso de control supervisado y vigilado por la asociación provincial y respaldado por AENOR y el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, así como del apoyo de las asociaciones de consumidores y usuarios.
La Administración tendrá en este proyecto una herramienta que le permita identificar fácilmente a aquellas empresas que cuentan con los requisitos legales necesarios, de forma que contará con una diferenciación clara de los profesionales frente al intrusismo y podrá centrarse en el control de las empresas que no ofrecen dichas garantías.
